El caso comenzó el 28 de junio de 2020, cuando el juzgado letrado de Paysandú de octavo turno lo formalizó por un delito de rapiña especialmente agravado.
La Fiscalía deberá abonar 50.000 dólares a un hombre que permaneció 457 días privado de libertad pese a ser declarado inocente.
Posteriormente, el hombre presentó una demanda por los daños y perjuicios ocasionados. Según la defensa, el afectado era el sostén económico de su familia durante el período en que estuvo detenido.
